SALTA.- La deforestación caprichosa genera un impacto ambiental que hipoteca el futuro de la región donde se practica. Los desmontes masivos incrementan el riesgo de erosión y el movimiento de los flujos torrenciales y las inundaciones.
Cuando se hace desaparecer la vegetación nativa, la estructura de las laderas se vuelve inestable promoviendo un rápido desplazamiento de las aguas que fluyen a gran velocidad provocando los desastres que se han visto en la Ciudad de Tartagal, por ejemplo.
Al cambiar la dinámica propia de los sistemas naturales se acelera la desaparición de las especies tanto de la fauna como de la flora autóctona, se alteran los ciclos migratorios de esa fauna lo cual concurre en un daño irreparable hacia la biodiversidad.
Es importante que los gobiernos y los ciudadanos tomen conciencia de que los bosques nativos son sistemas vitales, por lo tanto involucran en su crecimiento tanto como en su desaparición al hombre cuyo futuro se verá comprometido irremediablemente en un mediano-corto plazo.
Los bosques nativos de la Provincia de Salta, su fauna, su flora, constituyen un recurso natural de alto valor económico y ecológico, por lo que es preciso manejarlo en forma racional y sustentable.
Cuando se desmonte, sólo el 40% de la madera se utiliza. El resto se quema o se abandona, sin que se tome conciencia de que al desaparecer los árboles el agua de lluvia cae directamente sobre el terreno, sin que la copa y las raíces actúen como aliviadores y dosificadores del agua caída.
A su vez, al incinerar la madera, esto libera cinco veces más gases de "efecto invernadero" que los procesos industriales incidiendo de manera directa en el cambio climático.
Autorizaciones indiscriminadas
Por todas estas razones antes apuntadas es que las Organizaciones ambientalistas le reclaman al Gobierno del Doctor, Juan Manuel Urtubey que detenga las autorizaciones para desmontar que se emiten a pedido de los propietarios de las fincas ubicadas en zonas protegidas.
Hecha la ley, hecha la trampa se suele decir, y justamente es lo que está ocurriendo, ya que bajo esa modalidad de solicitar autorizaciones para desmontar fundos propios ya se han barrido más de 150 mil hectáreas de zonas protegidas.
En el año 2009, el Gobernador Urtubey firmó el Decreto Nº 2789 que ordenaba “que no se autoricen desmontes en tierras reclamadas por las comunidades hasta tanto no se realice el relevamiento territorial de los territorios indígenas que exige la ley 26.160”. Ese instrumento prohibía desmontar lo que ahora si se autoriza.
El rédito económico de la tierra es estratégico, sin duda, pero más estratégico importa que un Gobernador que pretende ser un estadista sepa conciliar la capacidad económica de su región con los intereses de las generaciones por venir.
Bien dice el aforismo aquel que “La diferencia entre un político y un estadista es que el político piensa en las próximas elecciones y el estadista en las próximas generaciones.”
Redacción El Diario de Salta
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