ARGENTINA.- Si bien el principio de igualada preside las relaciones entre los ciudadanos en la República Argentina, es notorio que para el Gobierno nacional, algunos son más iguales que otros, lo que paradójicamente, termina constituyendo una desigualdad.
Es el caso de la Diputada ultrakirchnerista Diana Conti que presentó ante la Cámara de Diputados el proyecto para resarcir con una pensión graciable de 8 mil pesos mensuales a transexuales y travestis que fueron encarcelados o víctimas de violencia institucional por su identidad de género.
El caso es que la apreciación de quien fue víctima de un acto de discriminación por su elección sexual debe ser resarcido por el Estado con una asignación monetaria, colisiona contra el derecho de otros miles que son víctimas de discriminación, violencia de género, incluso, hechos de inseguridad.
Así es toda vez que el rasero para medir la indemnización es la violencia ejercida contra un ciudadano “trans”, pero además esta idea deja fuera de juego a otras personas que han jugado otros roles en la sociedad.
Los jubilados, por cierto, son ciudadanos que han entregado su vida trabajando para que el Estado se mantenga y hoy sobreviven con $ 3.000 promedio, sufriendo toda clase de carencias. Al fin y al cabo, desde un punto de vista efectivamente democrático y en un estricto marco de justicia, esos jubilados –por mencionar un caso en el sistema- han sufrido y sufren una violencia mayor que los que alguna vez fueron perseguidos por razón de su elección sexual.
Redacción El Diario de Salta
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