Los índices obligaron al Gobierno de la Provincia a declarar una emergencia el lunes y referentes feministas opinaron que la decisión solo será efectiva si se genera una política integral de prevención. Los juzgados recibieron 8.417 denuncias por agresiones físicas y verbales en la familia entre enero y el último día de agosto de 2014 en el distrito judicial que abarca a Salta Capital y municipios cercanos.
Con esta cantidad de denuncias, se eleva a más de 103.000 el número de causas iniciadas desde el año 2006, cuando se puso en vigencia la ley 7403, de protección a las víctimas de violencia.
Desde 2008, nunca hubo menos de 14.000 causas al año por agresiones en la familia, con un pico de 16.548 en 2011.
Con estos índices de mujeres golpeadas, y el asesinato de dos salteñas en esta semana -Evelyn Beatriz Rivero de Orán y Abigail Antelo de Salvador Mazza-, el Gobierno de Salta decretó una emergencia por violencia de género en Salta.
La decisión se anunció el lunes en una conferencia de prensa a cargo de los ministros de Gobierno, Eduardo Sylvester; Justicia, Pamela Calletti; Derechos Humanos, Marianela Cansino; y Salud, Oscar Villa Nougués, además del secretario de Derechos Humanos, Martín García Caínzo.
Consultada sobre la medida, la titular del Foro de Mujeres por la Igualdad de Oportunidades, Irene Cari, dijo a El Tribuno que "este tema debería haber sido prioridad para el Gobierno hace muchos años". La referente pidió pensar una estrategia concreta de prevención con participación de distintos actores. "Hace años que reclamamos que se cumplan las leyes. Si se involucra a diferentes sectores, habrá resultados. De lo contrario será solo un anuncio más y seguirán muriendo mujeres", manifestó.
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