SALTA.- Cualquier ciudadano con espíritu democrático saludará con efusividad la realización de eventos como el Encuentro Nacional de Mujeres, mucho más con la agenda de temas de urgente prioridad social como los que se trataron.
Incluso más, será del caso aplaudir que las mujeres se manifiesten en las calles reivindicando los valores que suponen agredidos o pidiendo alcanzar otros objetivos sociales.
Pero la distancia que existe entre el ejercicio del derecho democrático y el delito es infranqueable, la destrucción o daño de propiedad privada y pública, las hogueras públicas y las muestras de desnudez particularmente, constituyen delitos claramente tipificados en el ordenamiento penal.
Más allá de los cuestionamientos que pueda merecer la actitud de grupos fundamentalistas de defender los templos, acción legítima si las hay, está la violencia ejercida contra estos militantes del catolicismo a quienes se agredió con clara intención de provocar daño físico.
En resumen, la línea que separa la tolerancia democrática de la comisión de los delitos se vuelve muy delgada a causa del discurso político bajado que ha sentado el argumento de que cualquier acción que vaya en restitución del orden y la moral pública constituyen un acto de represión.
Mostrarse semidesnudas ante la vista incluso de los niños constituye un atentado a la moral que viola incluso los términos del Artículo 19 de la Constitución Nacional, cuando habla de las “acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan a la moral pública”, como que este no es el caso.
En definitiva, las horas pasadas han servido de escenario para mostrar la decadencia de algunos sectores femeninos que han perdido el rumbo confundiendo reivindicación de derechos con ultraje al pudor y a la moral, sobre todo de ellas mismas.
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