Aquella jornada cuando se descubrieron los cadáveres de las
turistas francesas en la Quebrada de San Lorenzo, la conmoción alcanzó las
fibras íntimas de la estructura del Gobierno de la Provincia. En una reunión de
emergencia realizada con la “mesa chica”, aún sin saber bien los detalles del
crimen, se barajaron dos hipótesis: un crimen político para arruinar la
campaña, o bien, un ajuste de cuentas de narcos.
Ninguna de las dos cuadraba, no existía político con
dimensión tan criminal, y los narcos no usan en sus crímenes calibre 22, además
esta última era la hipótesis que menos encajaba. Se decidió ante la
incertidumbre blindar la información que saldría desde el juzgado de
instrucción hacia un canal de prensa previamente establecido, esa sería la
mecánica. Por eso causó tanto impacto cuando La Nación publicó en exclusiva las
fotos de la cámara de una de las víctimas. ¿Cómo se había filtrado esa
información?
Lo que siguió se inscribirá en los anales de lo que
representa la mediocridad y la incapacidad de políticos a cargo de grandes
responsabilidades. El entonces Ministro de Gobierno, Seguridad y Derechos
Humanos –quizás demasiado cargos para esa sola mente- era el Dr. Pablo Kosiner y
este asunto le caía como “un peludo de regalo”, porque ya estaba en carrera
para la diputación nacional. Al propio Gobierno el asunto le descalabraba la
campaña.
Había que solucionarlo pronto y con la ayuda de un Juez precario
y sumiso al poder, Martín Pérez, se instruyó un proceso que hoy deja ver su
costado más lamentable. El Gobernador Urtubey proclamó a los cuatro vientos que
el “caso estaba solucionado”, se premió al Juez Pérez como camarista, a los
policías se los condecoró y ascendió y a otra cosa.
Las instancias del juicio oral y la sentencia dejaron claro
que todo seguía y sigue turbio. Un condenado que no admite la violación pero no
el homicidio, una mecánica del crimen que no cierra y la sensación de que alguno/s
faltaron a la cita en el banquillo de los acusados.
Esta es la deuda moral con una sociedad que no se siente
saldada en la Justicia. Pero ahora la Provincia tendría que hacer frente a una
demanda por $22 millones de parte de Jean
Michel Bouvier, padre de Cassandre.
A esa demanda se le sumarían las que iniciarían los dos
liberados, Daniel Vilte Laxi y Santos Clemente Vera, que harían lo propio.
Con no ser poco, además, el Gobierno estaría recibiendo la
presión de los propietarios de las tierras circundantes al hecho del crimen que
serían embargadas por las razones antes apuntadas.
Los salteños, además de sentir que la Justicia no se cumple,
tendrán que pagar los platos rotos.-
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