No quedaba mucho más margen para continuar sosteniendo la
figura de Alensanco al frente del Instituto Provincial de la Vivienda. Sin
ingresar en el terreno de la acusación que precisa de pruebas concretas,
ciertamente, surge sin embargo del caudal de publicaciones de medio de prensa
que denunciaban irregularidades en las adjudicaciones del IPV, una nota que
deterioraba la imagen del titular del Instituto.
Sus propias palabras son confusas cuando dice “(me veo) en
la obligación ética y moral de enfrentar acusaciones infundadas que se vienen
vertiendo desde hace tiempo sobre la gestión llevada a cabo en el IPV”. En rigor
de verdad, la “obligación ética y moral” de un funcionario público es que nunca
se hable de él, del desempeño de su cargo o de las decisiones que tome.
Cualquiera que ocupe una función pública está expuesto a la
difamación y a la calumnia, pero existe una distancia considerable respecto de
la duda avalada por informes que supuestamente
se basan en documentación. Este es el renglón inadmisible para cualquier
funcionario.
La exposición de motivos de Alesanco en el texto de su
renuncia en nada contribuye al esclarecimiento del problema, por el contrario,
suena a defensa desesperada. Sería el caso haber ordenado una auditoría ante la
primera publicación de adjudicación irregular, o bien, haber obrado en modo que
esas publicaciones jamás pudieran haberse hecho.
Ahora, ya es tarde.
Por: Atanasio Casullo
Para: El Diario de Salta
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