El pico máximo de la crisis sobrevino en el mes de junio de
1955 en el marco de la tensión que mantenía el Gobierno del General Juan
Domingo Perón que se había convertido prácticamente en una dictadura y los
sectores opositores que se alinearon detrás de la Iglesia Católica para hacer
sentir su repudio.
Un decreto había prohibido las manifestaciones religiones y
hasta la tradicional procesión de Corpus Christi, que igualmente se llevó a
cabo, aunque su realización se hizo en medio de un clima social cargado de
fuertes nerviosismos, y a la cual asistieron sectores que en nada comulgaban
con el catolicismo.
Perón interpretó al acto como una nueva actitud de ilegítimo
clericalismo y -en una burda maniobra de confuso trámite- acusó a los católicos
de agravio a la Bandera nacional. Las sedes de la Acción Católica fueron
allanadas y sus dirigentes detenidos. Arreciaron las invectivas contra miembros
de la jerarquía eclesiástica en la prensa oficialista y en el seno del
gobierno, los funcionarios más identificados con una actitud anticlerical
reclamaron enérgicas medidas contra la Iglesia.
En ese ambiente de
violencia, Perón resolvió expulsar del
país a dos prominentes eclesiásticos, los monseñores Manuel Tato y Ramón Novoa.
El primero era nada menos que Vicario General y Obispo auxiliar de la Arquidiócesis
de Buenos Aires.
La situación creada, para una nación de tan antigua tradición
católica como la Argentina era muy grave y la excomunión llegaría de manera
fulminante. Sin embargo, el texto oficial de la Santa Sede no mencionaba al Presidente,
aunque la generalidad interpretó que Perón se hallaba incluido en la pena
canónica, y así ha quedado entendido en el común de las opiniones.
En la historia, el peronismo negaría que Perón haya sido
excomulgado, ya que el documento pontificio emanado desde la Sagrada
Congregación Consistorial, daría a entender que el Presidente no estaba
contemplado en la resolución, ya que para que la dicha excomunión alcanzase a
Perón, debería haber sido impuesta por el propio Pío XII.
El propio Perón negó siempre que haya sido excomulgado, y la
tradición peronista entendió que aquel documento de la Santa Sede no era más
que “una advertencia que recordaba a los fieles cristianos que los actos
atentatorios contra la libertad o la integridad física de los clérigos eran
castigados con la excomunión.”
Esta situación ambigua sobre la excomunión de Perón fue
saldada en tiempos de Juan XXIII, cuando el propio inculpado solicitó que se
aclarare la situación, requisito que precisaba el General para poder postularse
a una nueva presidencia, pues la Constitución
entonces exigía del Presidente la profesión del culto católico en toda
la dimensión de su alcance. (Especial del Diario de Salta).
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