No es la solución al problema del manejo de fondos públicos
que parece haberse convertido en una suerte de botín de guerra de funcionarios
o administraciones políticas, pero al menos es una migaja de esperanza de que
por una vez se cumpla con lo que sería uno de los principios del Derecho, el de
“dar a cada uno lo suyo”.
Si bien los Intendentes son los presidentes naturales de las
Cooperadoras, tienen la libertad de elegir a los integrantes del directorio. De
aprobarse la ley, seguirán eligiéndolos pero con la postulación previa de
personas seleccionadas por las iglesias.
El caso es que esta decisión no significa, como creen
algunos, más posicionados desde lo ideológico que desde lo social, retroceder
en el tiempo ni mucho menos perder espacios ganados para la secularización,
sino poner en valor una línea de comportamiento ético que genere confianza en
la sociedad sobre algo tan delicado como es la ayuda a los que menos tienen.
Muy al margen de lo que signifique la connotación religiosa,
a diferencia de los políticos, los sacerdotes, pastores y encargados de
confesiones, actúan más por un interés social que político, o bien económico. Además,
cuentan con el valor agregado de poseer ya una estructura que posibilita un
mejor y más efectivo reparto de los bienes, medicamentos o servicios de
asistencia.
Si acaso, alguien quisiera ver un retroceso en dar el manejo
de las cooperadoras a las confesiones religiosas, ese fracaso es el de la clase
dirigente política que ha perdido la confianza del pueblo.- (Redacción El
Diario de Salta-Foto ilustrativa).
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