Si hace un par de años atrás alguien hubiera imaginado al
Vicepresidente de la República Argentina sentado frente a un juez para ser
indagado por presunta corrupción, hubiera movido a risa. Sin embargo, ese día
ha llegado.
Al menos una parte de la Justicia argentina, el Juez Federal
Ariel Lijo, ha tenido el valor para citar a Amado Boudou por delitos
relacionados con el sonado Caso Ciccone.
El momento parece el inicio de una cuenta regresiva que ha
generado expectativa por saber cómo reaccionará la Presidente Cristina
Fernández si su segundo es procesado. ¿Acaso el kirchnerismo está dispuesto a “levantar
la parada” o “soltará el lastre” como los buques para no hundirse.
La especulación más divulgada es aquella que supone que la
Presidente “bancó” a Boudou pagando el alto costo político que eso representa
debido a los compromisos económico-personales que el sospechado representa.
La estrategia presidencial es como un plan tenaza; por una
parte están tratando de movilizar hasta donde puede el aparato político para
salvar a Boudou, y por otra, lo deja frente a la opinión pública para que
ejercite solo su defensa, mostrando un cierto respeto por la acción de la
Justicia. Si Boudou termina imputado, será sólo culpa suya.
La opinión más generalizada dice que Amado Boudou manejó
negocios “para la Corona” bajo la supervisión de Néstor Kirchner, y es conocedor
de los negociados donde han metido las manos los más conspicuos dirigentes “K”, los
gremialistas, los jueces y todo el espinel político, por lo que sería muy poco
probable que pasa nada con él. Sin embargo, el que el hombre que representa la
segunda Magistratura del país debe enfrentar a un juez es un comienzo.
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