El Gobierno de Juan Manuel Urtubey se destaca por haber sido
el que más viviendas entregó en toda la historia política de la Provincia.
Cuando el ex Gobernador, Juan Carlos Romero dejó su cargo,
en la Provincia de Salta se habían construido 8.837 viviendas. Desde esa fecha
y sólo hasta el año 2012, la Administración Urtubey levantó 10.999, a las que
hay que sumar casi 11.000 soluciones habitacionales, más otras 3.000 unidades
para aborígenes que incluyen también soluciones habitacionales para esas
comunidades.
No sólo se puede hablar de viviendas, sino también de loteos
en la Provincia, de entrega de títulos de propiedad, legitimando terrenos para
miles de personas, además de una cuantiosa inversión en infraestructura de
servicios.
Tamaño esfuerzo económico y logístico, sin embargo se ve
empañado por denuncias públicas sobre entrega de unidades habitacionales a
funcionarios y allegados al poder público, sumado al hecho de otras que
afectaban directamente la persona del propio Presidente del Organismo encargado
de entregar las viviendas, el renunciado Fernando Alesanco.
La renuncia del ex titular no satisface a la duda que genera
en el ciudadano la posible corrupción en los procedimientos.
Mucho menos resulta satisfactorio que el designado
funcionario reemplazante, el Diputado en uso de licencia, Matías Posadas,
“Ningún funcionario está avergonzado por lo que pasó en el IPV”, pues aún no
sentado en su despacho está dictando una suerte de amnistía por lo que pasó y
adelante sin darse cuenta tal vez, una suerte de impunidad para lo que venga.
Sería como decir: “Aquí nadie se avergüenza de nada”.
Nada se logra con lograr índices tan altos en materia de construcción
de viviendas populares si tal esfuerzo se derrocha en manos de funcionarios que
terminan sospechados de corruptos.
Porque una cosa es practicar la delincuencia política y otra
es ser incapaz para ejercer la función, donde no existirá dolo en la intención,
pero dejar que otros se aprovechen del Estado es una manera similar de
contribuir con la corrupción.
Políticas claras reclama la gente, funcionarios probos, que
dejen su cargo patrimonialmente más o menos en los términos en que ingresaron.
Una cosa es haber ganado un buen dinero por una función pública, que es
merecido acorde a la responsabilidad.
Otra muy distinta es salir enriquecido.-
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