La forma y los modos en que las leyes se dictan en este país desde hace algo más de una década violentan las más elementales formas del Derecho y de la Política misma. Afirmar y aceptar que el Congreso es una “escribanía” delata el grado de corrupción que padecen las Instituciones de la República Argentina.
Las leyes ya no se discuten ni se consensuan sino que se apela al “lobby” sin “reparar en gastos” como diría la famosa frase. Las leyes simplemente se imponen, al margen del impacto que puedan tener en la sociedad. El objetivo es el fin político de la norma legal nunca su finalidad social que es al fin la esencia de la Justicia.
Pero este problema de la sanción de leyes a voluntad no es más que la expresión más exhibida de un modus operandi político por el cual se ha llevado al país a una “caída libre” con clara intención de desarticular el orden social.
El desguace nacional comenzó por la destrucción del sistema educativo, con currículas cada vez más livianas y alumnos que son incapaces de asociar conceptos para construir pensamientos elaborados. Buena estrategia para hacer votar a la masa sin conciencia.
Luego ha sido la destrucción moral y el sentido de patriotismo en el pueblo. El patrimonio cultural de la sociedad donde el componente espiritual –no religioso, mucho menos confesional- es una piedra angular. En cambio, se ha apostado a la formación de personas irreligiosas lo que está derivando en camadas de jóvenes hundidos en la depresión existencial porque han perdido el sentido de la esperanza.
Atacada la educación, menguada en su calidad, se resiente el idioma que forma parte de la identidad de un pueblo porque el lenguaje es su patrimonio. La lengua no sólo es un instrumento de comunicación sino que atesora la forma del pensamiento, es decir, el individuo no piensa sólo en un lenguaje sino a través de él. El alumno no sólo que ya no lee sino que además no sabe hacerlo.
Luego, la destrucción de la salud y de la seguridad social ya son el paso faltante para completar el más acabado cuadro de la anomia general. Sin salud no hay progreso, porque un pueblo enfermo es un pueblo que no progresa, o tarda mucho más en hacerlo. Los ciudadanos enfermos no tienen la misma capacidad de razonamiento que los que no han sido afectados por alguna enfermedad. Esto no necesariamente tiene que ver con buenos hospitales y salas barriales, es también un problema de educación porque tampoco se educa para salud corporal y el chico pierde el sentido de que el vicio (cualquiera sea) es una hipoteca a mediano-largo plazo para el cuerpo.
La inseguridad ya es un término cotidiano y con la absurda teoría del garantismo se está alimentando una jurisprudencia de la inseguridad porque no se ofrecen garantías legales sólidas. Esto atenta no sólo contra las inversiones extranjeras, tan necesarias para el crecimiento sino también contra el propio ciudadano, cada vez más desguarnecido frente a su propio sistema.
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